Santo Domingo RD.- Como inaceptable fue calificado por la Cancillería el informe de laComisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en el país.
La polémica se ha creado, porque el organismo internacional solicitó al Gobierno que devuelva la nacionalidad a todos los afectados con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó a través de una nota de prensa que el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fue elaborado con “datos inexactos, es prejuicioso, y emite juicios obsoletos, además de tener graves omisiones”.
Mientras que el expresidente del Colegio de Abogados, José Fernando Pérez Volquez, llamó a Gobierno a no dejarse chantajear por este Tribunal Internacional.
La Comisión insta al Estado a adoptar, las medidas necesarias para evitar que la sentencia TC/0168/13 continúe produciendo efectos jurídicos; a restaurar plenamente el derecho a la nacionalidad de las personas afectadas por la sentencia TC/0168/13; a dejar sin efecto las disposiciones de la Ley 169-14 que se basen en considerar extranjeras a las personas nacidas en territorio dominicano que sean hijas de extranjeros en situación irregular, por implicar las mismas una privación retroactiva de la nacionalidad; y, a adoptar las medidas necesarias para poner fin a las prácticas tendientes a negar la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio en razón del origen de sus padres o ascendientes, la situación migratoria de sus padres”.
Esta posición de la Comisión fue refrendada por el presidente de la Mesa Nacional para las Migraciones William Charpenter.
Con respecto al punto numero 4 sobre la apatridia en el país tras la sentencia 168/13, la Comisión dice textualmente:
“La Comisión estima que la sentencia del TC 168/13 tuvo un efecto discriminatorio, dado que impactó principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana; privándoles de su nacionalidad retroactivamente; y generando apatridia respecto de aquellas personas que no eran consideradas como nacionales suyos por ningún otro Estado.
Sin embargo, esta afirmación de la CIDH con respecto a la apatridia encontró un contundente rechazo de la periodista, y analista política, Consuelo Despradel.
La cancillería dijo que el Gobierno mantiene su inquebrantable compromiso con la cabal ejecución del Plan de Regularización, a fin de las personas beneficiadas puedan vivir, trabajar en paz y con seguridad en el país.
Tanto la Comisión Interamericana como la Mesa para las Migraciones, reconoce que el Estado dominicano ha realizado acciones para responder a la situación de las personas afectadas por la sentencias 168-13 del Tribunal Constitucional.
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