A su vez, aseguró, en un comunicado, que ante el crecimiento de la delincuencia internacional, que ha transformado la tranquilidad familiar dominicana, el Estado está compelido a ejecutar un plan que permita el dominio real de la zona y combata con certeza el narcotráfico en toda esa área del sur.
al y los daños medioambientales, agravados por los conflictos empresariales, tras concluir el descenso realizado al Puerto de Cabo Rojo a Cementos Andino Dominicanos.
Continuando investigación de la resolución del senador Carlos Castillo sobre el nivel de seguridad con que opera el Puerto de Cabo Rojo, la comisión requirió durante el descenso explicaciones pormenorizadas de las empresas Cementos Andino Dominicanos y Dominico Venezolana Mining Company (DOVEMCO).
Esta visita se realiza después que el senado escuchara al director de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), Ramón Rivas, y al director de Minería, Alexander Medina.
Ambos consideraron que procede la rescisión del contrato que le otorga la administración del Puerto Cabo Rojo a la empresa Cementos Andinos Dominicanos, "por incumplir con la inversión de 27 millones de dólares a que está obligada" y obstruir otras exportaciones, explicó el senador.
Pero durante el descenso, Cementos Andinos Dominicanos reiteró que la empresa DOVENCO carga a 15 kilómetros adentro para no pagar impuestos a APORDOM, y que también se resiste a pagarle por el uso del Puerto.
En la resolución se explica que "las organizaciones criminales transnacionales explotan el espacio desértico del Suroeste", y que Cementos Andinos está obligada por la concesión a cooperar con los organismos del Estado, como la DNCD, CESEP y el DNI, pero que tanto la DEA como la DNCD han señalado que el tráfico por vía marítima ha aumentado. EFE
7dias.com.do
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