Santo Domingo. Nuestras áreas protegidas (AP) no son tales. La falta de
una voluntad política para brindarles real protección milita no solo
contra los objetivos de su conservación sino también contra el
desarrollo turístico sostenible. Puesto que las AP son el mejor recurso
que tenemos para diversificar nuestro producto turístico, conviene
vislumbrar lo que se necesita para convertirlas en productos turísticos y
cómo el turismo podría contribuir a su protección. Esto sería de máxima
prioridad si deseáramos lograr los anhelados 10 millones de turistas.
La medida más inmediata debe salir del Ministerio de Economía. Esta
consistiría en notificar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del
interés oficial en desarrollar un proyecto de uso de las áreas
protegidas con fines turísticos. Tal notificación provocaría una misión
del BID que discutiría con los ministerios de Ambiente y Turismo los
detalles del proyecto. De antemano se especificaría que serían una
docena las AP a ser intervenidas y que el monto total de inversión
rondaría los US$80 millones.
Se incluirían las que están ya presentando amenazas a la conservación
por el volumen de visitación que reciben actualmente (p. ej. los parques
nacionales del Este y Los Haitises, los Charcos de Damajagua y el Salto
El Limón). Además, se seleccionarían aquellas que podrían recibir
volúmenes importantes de visitantes pero no lo hacen por falta de la
infraestructura y los servicios necesarios. Ya el BID ha financiado este
tipo de proyectos en Costa Rica, México, Ecuador, Perú, Argentina,
Brasil y Chile
(http:/www.iadb.org/es/temas/turismo/proyectos-turisticos-en-america-latina-y-el-caribe
,3838.html).
Tal iniciativa, por supuesto, no resuelve el problema del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Para ello habría que dotar al
Ministerio Ambiente de los recursos necesarios para ejecutar cabalmente
el Plan Maestro del SINAP 2010-2030. Pero si el presupuesto del SINAP
ronda los RD$250 millones al año y solo se ejecuta un 60% del total,
queda claro que la ejecución del Plan está en entredicho. La creación de
un Fondo Patrimonial para las AP que el mismo Plan contempla resolvería
el problema de la sostenibilidad financiera. Pero si ni siquiera se
ejecuta el presupuesto asignado menos se puede esperar que ese Fondo se
haga realidad en el mediano plazo.
Al SINAP no se le asignan los recursos necesarios porque no hay una
percepción pública de su importancia. A la gente le puede parecer noble y
atinado que se quiera conservar los recursos naturales para asegurar la
sostenibilidad de nuestro desarrollo. Pero de ahí a que esto tenga el
peso político para lograr las asignaciones presupuestarias
correspondientes hay una gran distancia. Por eso la declaratoria de la
nueva Administración de que el turismo será "la locomotora del
desarrollo nacional" ofrece una magnífica oportunidad para cambiar la
percepción imperante. El turismo puede así convertirse, ayudando al
SINAP a protegerse, en un ente de redención.
Reclamar atención prioritaria para el SINAP debe convertirse ahora en
una causa de lucha de la comunidad ambientalista similar a la que
propicia el 4% para la educación. Pero el foco de su atención debe ser
la relación entre el turismo y la conservación, no solo la conservación.
Es necesario que se reforme el Plan Maestro para radiografiar los
recursos explotables en todas la AP y un diagnóstico de las AP que
tienen potencial de explotación turística. Una vez en posesión de ese
análisis entonces se elaboraría un Programa de Turismo y Áreas
Protegidas similar al que tiene México (ver http://www.
conanp.gob.mx/pdf_publicaciones /Turismopags-individuales.pdf). Su
alcance, por supuesto, iría mas allá de lo que pudiese vislumbrarse en
el proyecto del BID.
Al tiempo que se preparan el proyecto del BID y el Programa propuestos
se debe abordar otra problemática asociada. Se trata del uso turístico
de la Isla Catalina y de Bahía de las Águilas con fines turísticos. Lo
primero podría representar un filón de recursos para el Fondo
Patrimonial mencionado si se destina a un proyecto
turístico-inmobiliario de alto lujo (como propuso Jacques Attali). Lo
segundo detonaría el turismo en la región más pobre del país, logrando
así mayor equidad en la distribución de los beneficios del turismo y
desarrollo económico en las regiones más necesitadas. Si el nuevo
gobierno puede acometer dos grandes proyectos de desarrollo turístico,
estos serían los más adecuados y perentorios para llenar de gloria su
gestión.
Para ello el nuevo gobierno podría nombrar un panel de expertos que
estudie cada caso y haga las recomendaciones de lugar. Su trabajo
cubriría la factibilidad de uso de esos recursos como el diseño de los
proyectos a emprenderse. Existen propuestas para Catalina que, de
aprobar el Congreso una segregación de la isla del SINAP, no implican
ninguna erogación de recursos públicos y, en cambio, proveerían un flujo
de ingresos que garantizaría la efectiva vigencia del SINAP.
En el caso de Bahía de las Águilas existe una propuesta de la Academia
de Ciencias que concentraría el desarrollo hotelero en Cabo Rojo, aunque
permitiendo el uso de la playa de Bahía por parte de los huéspedes. En
este caso sí que sería necesario una importante inversión publica que
atraiga a los inversionistas a Cabo Rojo y no a Bahía. Con US$100
millones se podría dotar el lugar de las infraestructuras necesarias
(ampliación del aeródromo, acueducto, planta de tratamiento de aguas
residuales y emisor marino, red eléctrica, etc.). Lo ideal es que se
haga como un proyecto del BID.
Lo que completaría el menú de intervenciones inmediatas sería,
finalmente, la ejecución de los planes de manejo y/o los planes de uso
público que pudieran existir para las AP más impactadas por el turismo.
Por ejemplo, existe un Plan de Uso Público para el Salto El Limón y Los
Haitises, pero ese plan no se está aplicando. El Ministerio Ambiente es
el encargado en ambas instancias y debe priorizar estos trabajos,
asignándole los recursos presupuestarios necesarios, para dar señal de
que el desarrollo turístico es ahora prioritario.
Debemos estar conscientes de que la meta de los 10 millones de turistas
es lograble pero difícil. Hay que actuar rápido en varios frentes para
tener logros al final de la gestión de la presente Administración que
pongan en evidencia que hizo un esfuerzo por alcanzar tan ambiciosa
meta. Y en la interacción entre el turismo y las AP existe una
oportunidad brillante para demostrar que se está consciente de cómo el
desarrollo turístico puede constituirse en el pilar de la conservación
para beneficio de la generaciones de hoy y mañana.
Fuente> Diariolibre.com